Activistas avisan de acciones judiciales contra el veto migratorio

Grupos defensores de los derechos civiles y de los inmigrantes avisaron de que interpondrán acciones judiciales contra la nueva versión del veto migratorio emitido por el presidente, Donald Trump.

Estas organizaciones, entre las que se encontraban la Unión para las Libertades Civiles en América (ACLU) y el Centro Nacional de Leyes de Inmigración (NILC), realizarón el anuncio en una rueda de prensa, acompañados por media docena más de grupos hispanos.

Los activistas reaccionaron así al nuevo decreto migratorio que prohíbe la entrada de refugiados al país durante 120 días y detiene la emisión de visados durante 90 días para los ciudadanos de Irán, Somalia, Yemen, Libia, Siria y Sudán, todos ellos países de mayoría musulmana.

La asesora legislativa de ACLU Joanne Lin anunció que su organización, la NILC y sus socios, así como el estado de Washington y Minesota, que ya denunciaron la primera orden ejecutiva de Trump, revisarán el nuevo decreto en los próximos días e interpondrán demandas para «desafiarla», aunque aún no desveló más detalles.

«El veto tiene problemas constitucionales y legales y tomaremos todos los caminos a través de los juzgados para que la orden no se implemente (…). Tenemos la esperanza de que nuestra demanda será satisfecha en los tribunales», explicó Lin.

Además, tildó de «veto 2.0» esta última versión de la orden migratoria, que entrará en vigor el próximo 16 de marzo, y aseguró que Trump «volverá a perder» a pesar del «disfraz» de los cambios, como los que excluyen a Irak de la lista de países con restricciones y la inclusión de los sirios con el resto de refugiados.

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La anterior orden distinguía a los sirios y les prohibía la entrada a EEUU indefinidamente, mientras que el nuevo decreto les impide entrar al país durante 120 días, como el resto de refugiados.

La primera orden de Trump, proclamada el 27 de enero, fue bloqueada por un juez federal a petición de los estados de Washington y Minesota y, luego, un panel de tres magistrados de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, con sede en San Francisco (California), confirmó ese fallo y mantuvo el bloqueo.

En la rueda de prensa, la directora de la organización United We Dream (UWD), Grisa Martínez Rosas, manifestó que esta nueva orden supone la «primera fase del muro» que Trump prometió construir en la frontera del país con México, aunque éste no tenga ladrillos ni alambres, ya que consideró que tienen los mismos efectos.

Además, denunció la detención en las últimas semanas de «dreamers» o «soñadores», el nombre con el que se conoce a los 750.000 indocumentados que se beneficiaron del programa migratorio DACA impulsado por el expresidente Barack Obama para proteger de la deportación a los indocumentados que llegaron de niños al país.

 

 

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