Costa Rica: Modernizarán ley para control del Sida, la idea es educar, prevenir y mejorar atención

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En la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa discuten el expediente19.243 que busca la reforma integral a la ley general de Vih/Sida y la creación del Consejo Nacional de Atención Integral de la persona con Sida (Conasida).

La idea es regular y modernizar de forma más organizada todas las acciones del Estado Costarricense en lo concerniente a promover y garantizar una respuesta integral a la epidemia del VIH/Sida en los ámbitos público y privado de país, de esta forma las instituciones públicas y privadas deberán asegurar mecanismos expeditos y accesibles para que todas las personas puedan ejercer sus derechos y deberes en relación con la enfermedad. Serían acciones relacionadas con la educación, la prevención, la promoción y la atención integral del VIH/Sida, según lo explicó la diputada socialcristiana, Rosibel Ramos.

El Conasida contaría con representación interinstitucional y multisectoral, sería una instancia adscrita al Ministerio de Salud y se encargaría de los temas específicos en torno a esa enfermedad; la entidad sería financiada con aportes de las diferentes instituciones estatales que dedican su trabajo al ámbito de la salud pública.

La nueva disposición, trata de reforzar los criterios en torno tratamientos y conductas con respecto al VIH/Sida. Estipula que todas las personas tendrán derecho a vivir un entorno libre de actitudes y prácticas estigmatizantes y discriminatorias, a contar con información científica actualizada, lo que en consideración de la diputada Patricia Mora del Partido Frente Amplio, no ocurre en la actualidad.

La normativa estipula el derecho a la atención integral y al despacho oportuno de los tratamientos profilácticos y medicamentos antirretrovirales de calidad. Segú el diputado Marvin Atencio del Partido Acción Ciudadana es lograr la obligatoriedad de lo que ya se da en la práctica.A efectos de prevención del Vih/Sida, proveerán condones masculinos y femeninos a la población penitenciaria, de acuerdo con sus condiciones y necesidades individuales o de pareja.

La persona con VIH-Sida tiene derecho a comunicar su situación a quien desee; sin embargo, las autoridades sanitarias deberán indicarle su obligación de informar a sus contactos sexuales y advertirle, a su vez, sobre sus eventuales responsabilidades penales y civiles en caso de transmisión. Se establece además que la persona con VIH/Sida que así lo desee, podrá comunicar de su condición a su empleador. A partir de esa comunicación, la persona enferma no podrá ser despedida por su condición ni víctima de cualquier otro motivo de discriminación en ese o cualquier otro sentido.

Castigos

La nueva ley castigaría la actuación dolosa del trabajador de la salud. Se impondrá prisión de tres a ocho años al funcionario de la salud, público o privado, que, “conociendo que el producto por transfundir o transplantar o el artículo por utilizar están infectados por el VIH/sida, lo utilice en una persona a sabiendas de los riesgos y admita como probable el resultado de infección”.

La pena aumentaría a doce a veinte años de prisión si, como resultado de la acción, alguna persona resultare infectada. Se impondrá de uno a tres años de prisión al trabajador de la salud, público o privado que, por impericia, imprudencia o negligencia realice una transfusión de sangre o sus derivados, transplante de órganos o tejidos, suministre semen, leche materna o utilice un objeto invasivo, de punción o cortante, infectado por el Sida.

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