El Salvador: expresidente Mauricio Funes investigado por cinco delitos

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Mauricio Funes se suma a la lista de exmandatarios centroamericanos investigados por actos de corrupción y se convierte en el tercer exmandatario salvadoreño investigado por irregularidades en su administración desde 1999, tras Francisco Flores y Elías Antonio Saca.

La Fiscalía General de la República (FGR) allanó el miércoles propiedades de Miguel Menéndez, un amigo de Funes, quien estuvo al frente del ejecutivo en el período 2009-2014. Menéndez es un reconocido empresario, principalmente por su rol como cabeza de una de las agencias de seguridad privada más grandes de El Salvador.

Menéndez fue exfuncionario de la administración Funes, estuvo al frente del Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO), período en el cual también se benefició con millonarios contratos de seguridad.

La FGR realizó los allanamientos con base en una autorización de la jueza Quinta de Paz de San Salvador, Inés Cuchilla.

La jueza autorizó los allanamientos con el fin de «fijar e incautar evidencias relacionadas a los delitos de peculado, negociaciones ilícitas, malversación, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias en perjuicio de la administración pública, hechos atribuidos al señor Carlos Mauricio Funes».

El expresidente, su hijo Diego Roberto Funes Cañas y la exprimera dama Vanda Pignato están demandados por no justificar 728.329 dólares en el marco de un proceso civil que se ventila en la Cámara Segunda de lo Civil, que ha fijado la audiencia para el 12 de septiembre.

«Para que me puedan acusar de peculado e enriquecimiento ilícito deben encontrar bienes y cuentas a mi favor, dónde están, no sea ridícula FGR», escribió Funes en su cuenta de Twitter.

Otro expresidente salvadoreño que afronta un juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito es Elías Antonio Saca, por el incremento no justificado de US4,5 millones en su declaración patrimonial tras su mandato 2004-2009.

Menéndez, uno de los «Amigos de Mauricio»

Menéndez es dueño de COSASE, una de las empresas de seguridad privada más grandes de El Salvador, un negocio particularmente próspero para uno de los países con mayores índices de violencia y asesinatos del Hemisferio.

A través de su empresa, Menéndez se hizo de contratos de seuridad con oficinas estatales por alrededor de US$20 millones, negocios que siguieron aún cuando estaba al frente del CIFCO.

La relación de Menéndez y Funes es de larga data, pero pareció fortalecerse previo a las elecciones pesidenciales de 2009, cuandoel empresario se convirtió en uno de los fundadores del Movimiento Amigos de Mauricio, el cual empujó la candidatura del exentrevistador televisivo bajo la bandera del partido de izquierdad Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

“Estamos recopilando información de contratos en donde la empresa Mecafé (también propiedad de Menéndez) y COSASE han tenido que ver en la corrupción de Funes”, explicó a los medios el jefe de la Unidad Especializada de Delitos de Corrupción de la FGR, Andrés Amaya.

Menéndez no fue el único en incroporarse al Ejecutivo tras el triunfo de Funes, miembros de su familia también obtuvieron privilegios dentro del Gobierno.

Una investigación del periódico digital El Faro, destaca que el expresidente del CIFCO obtuvo préstamos por miles de dólares en el estatal Banco Hipotecario.

“Mediáticamente se conoce que son $14 millones, pero aún no me puedo adelantar y decir que sí. Lo que sí es que vamos a investigar si en efecto es esa cantidad o más. Lo sabremos hasta que tengamos todos los contratos e información necesaria”, aseguró el fiscal Amaya, quien agregó que los allanamientos en las empresas e inmuebles durarán tres días.

“Dentro de la administración Funes, bueno de todos es conocido, se han dado muchos actos de corrupción donde estas empresas se han visto involucradas, desde el 2009 hacia acá se han visto situaciones corruptas”, afirmó Amaya.

La investigación contra los amigos de Funes inició en 2013 y alcanzan al despacho Ochoa Benítez y Asociados, del exministro de Agricultura , Pablo Ochoa Quinteros. La firma, según reporta La Prensa Gráfica, también fue cuestionada por ser la encargada de hacer el valúo de daños en el caso CEL-ENEL, un millonario litigio que terminó en un acuerdo entra la energética italiana y la entidad autónoma salvadoreña encargada de la producción hidroeléctrica y geotérmica. Fuente: estrategiaynegocios.

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