Nicaragua: Orteguismo y oposición evalúan retorno a mesa de negociaciones

La CIDH ha responsabilizado al Gobierno de Nicaragua por crímenes de “lesa humanidad”.

Nicaragua

El Gobierno de Nicaragua y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia están analizando la probabilidad de retomar las negociaciones que buscan una salida a la crisis sociopolítica por la que está atravesando el país centroamericano desde abril de 2018.

La crisis que inicio por las reformas que el gobierno hizo a la Seguridad Social, seguido por el inconformismo hacia el orteguismo ha dejado cientos de muertos en casi un año.

En una nota de prensa emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Gobierno informó de “conversaciones informales” con la Alianza, “frente a la necesidad de avanzar en la discusión y toma de decisiones sobre los puntos de agenda previamente acordados”.

Las negociaciones entre el Gobierno y la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia finalizaron el pasado 3 de abril, tras haberse iniciado el 27 de febrero y haberse prorrogado durante una semana.

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La Alianza ha señalado al Gobierno del presidente Daniel Ortega de no tomar en serio las negociaciones y le acusa de utilizar el espacio para evitar sanciones externas, así como de alargar la crisis, que estalló hace casi un año.

El Gobierno reiteró este martes “el compromiso de avanzar en las conversaciones y propuestas”, frente a una oposición que reclama el cumplimiento de los acuerdos, más que las discusiones.

Hasta la suspensión de las negociaciones las partes habían acordado la hoja de ruta, los temas de agenda, el “fortalecimiento de los derechos y garantías” que consiste en que el Gobierno respete la Constitución, y la liberación de manifestantes presos con apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

Quedó pendiente el establecimiento de “la verdad, justicia, reparación y no repetición”, el “fortalecimiento de la democracia y reformas electorales” que busca el adelanto de las elecciones de 2021, el llamado a la comunidad internacional a suspender sanciones, y los mecanismos de implementación de los acuerdos.

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