Nuevos sospechosos de la masacre de la familia LeBarón: no son narcos

Al gobierno mexicano no le convence la hipótesis de que se trate de una confusión entre bandas criminales.

México

Una organización de campesinos ha sido puesta en la primera línea de sospechosos de la masacre de 9 personas de la familia mormona LeBarón.

Pese a que el gobierno de AMLO había adelantado la hipótesis de una confusión entre bandas criminales, ahora colocan su atención en los campesinos, debido a una falta de solución de un viejo conflicto por agua.

Algunos referentes políticos recordaron que el año pasado, la familia LeBarón fue acusada por integrantes de El Barzón, de usar influencias políticas para hacerse del líquido vital escaso en la región semidesértica de Chihuahua.

Además, el pasado 22 de octubre fueron asesinados a balazos dos personas muy cercanas al líder barzonista Joaquín Solorio: su hermano y su cuñada, en hechos sobre los cuales no hay ni siquiera una pista.

Solorio estalló en las últimas horas en medio de las acusaciones a priori: “Ahora estoy inmerso en especulaciones y señalamientos sobre el caso LeBarón y exijo a las procuradurías que se esclarezca el caso”.

El procurador de justicia, Alfonso Durazo –quien es oriundo del estado donde ocurrieron los asesinatos contra la familia Le Barón­­–, dijo en días pasados que el caso apuntaba a un ajuste de cuentas entre los grupos criminales La Línea, que actualmente colabora con el Cártel Jalisco Nueva Generación, y Los Salazar en colaboración con el Cártel de Sinala que disputan la plaza. Antes, la fiscalía de Chihuahua señaló a Los Jaguar como posibles autores.

Los LeBarón han rechazado las versiones y exigieron una conclusión convincente. “Si el gobierno no puede sacar a los perpetradores yo les pido a los jefes de la mafia que nos ayuden”, dijo Adriá LeBarón, abuelo de cinco de las nueve víctimas.

La petición soltó suspicacias sobre la autoría: el enemigo podría estar en otro lado, a pesar de que en tres ataques previos a Los Le Barón sí estuvieron relacionados a mafias criminales y el pleito más reciente fue con los campesinos.

“Hay en México casi 200 conflictos por agua que no resuelven las autoridades y es un polvorín en todo el país, donde ya hubo enfrentamientos a balazos independientemente del caso LeBarón”, dijo Raúl Grijalvo analista de temas ecológicos de la Universidad Nacional Autónoma de México.

En abril de 2018, cerca de 500 campesinos de El Barzón intentaron ingresar al rancho La Mojina para clausurar 12 pozos agrícolas y fueron atacados a balazos por miembros de la comunidad mormona Lebarón: hubo cinco heridos.

Los barzonistas dijeron que los mormones se hicieron de 300 permisos para pozos agrícolas con corrupción, gracias a que un miembro de la familia (Alex LeBarón) fue delegado de la Comisión Nacional del Agua y diputado federal; en respuesta a los ataques, los dueños de los terrenos levantaron una denuncia penal que aún no está resuelta.

“Disparamos porque llegaron de sorpresa y armados. Dispararon, quemaron la maquinaria y cortaron árboles con una motosierra”, explicó Julian LeBarón, quien ha sido vocero y activista contra la inseguridad que desde 2009 se disparó en la región.

Los LeBarón afirman que El Barzón ­­–con antecedentes nacionales de invasión de tierras– están utilizando decenas de hectáreas para talar monte de manera ilegal y lucrarse con la siembra del nogal.

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