Piden ampliar a centros de inmigrantes la reducción de prisiones privadas

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Chicago (IL). Activistas a favor de la inmigración instaron hoy al Gobierno federal a ampliar a todos los centros de detención de inmigrantes la orden de no renovar contratos con empresas que administran prisiones privadas en el país.

El Departamento de Justicia (DOJ) ha instruido a sus funcionarios que no renueven contratos, o «reduzcan sustancialmente» su alcance, con la intención de poner fin al uso de prisiones operadas por corporaciones privadas.

La decisión afectará a trece prisiones federales que son operadas por empresas privadas, pero los contratos se mantendrán en otros 250 centros de detención del país donde la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) alquila camas para recluir indocumentados a la espera de ser deportados.

«La noticia de que el DOJ terminará su relación con la industria privada de prisiones es bienvenida y un paso en la dirección correcta», declaró a Efe Oscar Chacón, director de Alianza Américas.

Lo mismo dijo Greisa Martínez, directora de United We Dream Action, para quien las corporaciones «que lucran con el encarcelamiento de la gente de color deben desaparecer».

Fred Tsao, de la Coalición de Illinois para los Derechos de Inmigrantes y Refugiados (ICIRR), declaró que el anuncio es bienvenido, «pero desafortunadamente» no incluye al Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Para los activistas, el anuncio sienta un precedente para que estas agencias también pongan fin al uso de prisiones privadas para recluir a indocumentados.

«Esta importante decisión no se extiende automáticamente a las otras ramas del Gobierno federal y debe ser amplificada y cumplida rigurosamente», dijo Chacón.

El activista destacó que en la última década, empresas como Grupo GEO y la Corporación Correccional de América (CCA) se han beneficiado «generosamente» con los contratos de ICE y han lucrado con «el dolor infligido a seres humanos nacidos en otros países».

Chacón reclamó, que además del fin de los contratos, «cambie la lógica del sistema judicial», que se enfoca excesivamente en el castigo.

Según Martínez, refugiados, niños, padres y otras personas que buscan una vida mejor «son encerrados rutinariamente, abusados y hasta muertos» en dichos centros que, a pesar de las evidencias, continúan funcionando.

El Centro Nacional de Justicia para el Inmigrante (NIJC) también exhortó hoy al DHS a cancelar los contratos con las empresas privadas que manejan los centros de detención de indocumentados.

Su directora, Mary Meg McCarthy, dijo que en el sistema de detención del DHS, el 62 %de las camas son alquiladas a grupos privados que reciben miles de millones de dólares de los contribuyentes y «son notorios por el trato indignante» que dan a las personas que custodian.

A su vez, la Coalición de Comunidades de la Frontera Sur dijo que los centros privados «son más violentos, más propensos a abusos y menos seguros para todos», y pidió que se ponga fin a los vínculos con instalaciones «donde el lucro siempre estará por encima de las personas».

Por su parte, el Grupo GEO señaló hoy en un comunicado que la decisión del DOJ era una «decepción», pero dijo que sus efectos no serán inmediatos y todavía confía en poder negociar caso a caso los contratos que tiene con el Gobierno federal.

ICIRR ha combatido con éxito varios intentos de corporaciones privadas para construir prisiones privadas en Illinois, cerca de Chicago, y Tsao dijo que el anuncio del gobierno «no pondrá fin a la lucha contra los centros de detención privados». EFE

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