¿Por qué Trump tuvo que extender el TPS a El Salvador, Haití, Nicaragua y Sudán?

Estados Unidos

El Estatus de Protección Temporal (TPS), para los salvadoreños fue cancelado el pasado 8 de enero del 2018, aunque bajo una última prórroga de 18 meses programados para caducar en septiembre de 2019. Sin embargo el Gobierno de Estados Unidos anunció recientemente que ese benefició migratorio se extendía hasta enero del 2020.

El escenario de conmoción cambió en octubre, cuando el juez federal de California Edward Chen decidió que el TPS de El Salvador,  además del de Nicaragua, Sudán, y Haití debían permanecer en vigor hasta que una demanda interpuesta por la inmigrante Crista Ramos en su tribunal tuviera una resolución final e inapelable.

Lea aquí: Estados Unidos extiende TPS para El Salvador y Nicaragua

El 12 de marzo de 2018, la Union Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), junto a la Red Nacional de Organización de Trabajadores Diurnos (NDLON) y el bufete de abogados de Sidley Austin LLP, interpuso una demanda en elTribunal Distrito Norte de California a nombre de nueve personas con TPS y cinco de sus parientes, menores de edad ciudadanos de EUA.

La querella fue a nombre de la inmigrante Crista Ramos, e iba en contra de la secretaria de Seguridad Nacional de EUA, Kirstjen Nielsen, quien, al dirigir el DHS, fue la encargada de cancelar el TPS de las cuatro naciones mencionadas.

La petición llamada «Ramos versus Nielsen» fue interpuesta, de acuerdo a la ACLU,»para detener la terminación ilegal de TPS a más de 300,000 personas que viven en los Estados Unidos y para proteger a las decenas de miles de niños ciudadanos de los Estados Unidos cuyos padres se verían obligados a abandonar» el país.

Si bien es cierto que la naturaleza del TPS es, por ley, «estrictamente temporal», los demandantes argumentaron que el estatus de las cuatro naciones fue renovado por diferentes administraciones en Estados Unidos, demócratas y republicanas.

Además, en el caso de El Salvador, luego de casi dos décadas, los activistas alegaron que Estados Unidos tenía responsabilidad por estas personas.

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