Recomiendan solucionar problema CICIG-Gobierno vía tratado con ONU

La CICIG es un tratado de derechos humanos, ya que así quedó establecido después de que la Asamblea de Naciones Unidas fuera aprobado con mayoría.

Guatemala

El gobierno ha hecho público el análisis que tiene en el Consejo Nacional de Seguridad (CNS) sobre el cumplimiento del mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), como parte de su nueva ofensiva en contra de dicho ente internacional.

Sobre este tema, constitucionalistas y expertos en tratados internacionales sobre derechos humanos, señalan que lo más razonable es que cualquier problema con la Comisión se resuelva vía el artículo 12 del tratado, que el Estado de Guatemala firmó con la Organización de Naciones Unidas (ONU) para crear a la CICIG.

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En este apartado del convenio se establece que, las controversias en torno al mandato de la Comisión, deben ser resueltas entre las autoridades guatemaltecas y la ONU.

Actualmente bajo la coordinación del ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, en el Consejo Nacional de Seguridad el presidente Jimmy Morales pidió a la titular de la Procuraduría General de la Nación, Anabella Morfín, hacer un análisis legal para determinar lo ocurrido en la residencia del mandatario.

Esto significa que es en esta instancia, donde se analiza y busca el respaldo legal para establecer si la CICIG incumplió con su mandato, ya que consideran que el allanamiento a Casa Presidencial representa una amenaza “a la seguridad nacional”.

A criterio del exministro de Gobernación, Francisco Jiménez, el Consejo Nacional de Seguridad puede discutir sobre el mandato de CICIG, ya que esta Comisión sí tiene relación con asuntos de seguridad. Sin embargo, esto no significa que sea un asunto de seguridad nacional, agregó el exfuncionario, y explicó que por esa razón todos los detalles de la discusión no deben ponerse en reserva. Jiménez indicó que tampoco ve que existan elementos para que los allanamientos en Casa Presidencial, ocurridos el 2 de noviembre de 2016, sean tratados como una amenaza a la seguridad nacional.

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