Estados Unidos: congresista hispano vaticina que cancelarán TPS

Caucus hispano advierte que el gobierno de Trump no cederá en su agresiva política de deportaciones.

Estados Unidos

El congresista demócrata por Illinois, Luis Gutiérrez, aseguró el jueves que miles de indocumentados centroamericanos protegidos de la deportación podrían perder en breve el amparo, y que la misma amenaza se cierne sobre casi 800,000 dreamers amparados por la Acción Diferida de 2012 (DACA).

“Nosotros (el Caucus demócrata hispano) nos reunimos (a puertas cerradas) con el secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), John Kelly, el día de ayer. Déjenme ser bien claro, y sin ser alarmista. El secretario Kelly nos dio claras indicaciones de que él va a eliminar el programa TPS (Estatus de Protección Temporal)”, señaló el legislador.

Gutiérrez se refirió a cerca de 300,000 inmigrantes indocumentados originarios de Nicaragua y Honduras, protegidos de la deportación desde 1999 tras el paso del huracán Mitch Mitch por el Atlántico centroamericano, y salvadoreños amparados tras los terremotos del 13 de enero y 13 de febrero de 2001.

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“Ya le dio la notificación a 57,000 haitianos, quienes tienen seis meses para poner sus cosas en orden y regresar a Haití”, apuntó. “Y claramente (Kelly) tiene los ojos en los otros TPS”.

Caucus hispano advierte que el gobierno de Trump no cederá en su agresiva política de deportaciones

La reunión fue convocada por el Caucus demócrata hispano para hablar con el jefe de la seguridad nacional de Estados Unidos, además del TPS, del futuro de la Acción Diferida de 2012 (DACA), y el aumento de las detenciones de indocumentados sin antecedentes criminales.

En cuanto al futuro inmediato de DACA, Gutiérrez dijo que durante la reunión, los congresistas preguntaron a Kelly “sobre los soñadores (dreamers), unos 800,000 jóvenes que hoy tienen un estatus de legalidad aquí en nuestro país. Claramente están en (una situación de) peligro más grande que antes”, indicó.

El miércoles, al término de la reunión, Gutiérrez dijo que el encuentro con el jefe del DHS se resume en una sola frase: “Debemos prepararnos para lo peor”.

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“Creo que tenemos que prepararnos para luchar contra la deportación en masa”, agregó, y señaló que el futuro del programa en estos momentos está en manos del fiscal general Jeff Sessions, luego que una decena de estados encabezados por Texas le pusieron un ultimátum hasta el 5 de septiembre para que lo cancele, o de lo contrario demandarán el programa ante los tribunales de justicia, tal como ocurrió con DAPA en el 2014, programa que amparada de la deportación a unos 5 millones de indocumentados padres de ciudadanos y residentes legales permanentes.

Al ser consultado sobre cómo responderán los demócratas a la dura política migratoria del gobierno del presidente Donald Trump, el congresista por Illinois explicó que el partido contaba con un plan de tres etapas: convertir este año a un millón de residentes permanentes en ciudadanos, inscribirlos para que voten en las próximas elecciones, e invitarlos a que participen en contiendas electorales para elegir autoridades.

“A la misma vez, yo creo que nosotros tenemos que decirles a los republicanos, en la Cámara de Representantes y en el Senado, que no cuenten con ningún voto nuestro para darles un solo centavo para el muro”, dijo.

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“Pero más importante y quiero recalcar eso, que tenemos como principio político que no daremos un solo centavo para (contratar) un agente más de inmigración que vaya a nuestras comunidades, a las casas de nuestro pueblo a deportar a las personas”.

Durante la campaña electoral Trump prometió que deportaría a los 11 millones de indocumentados, pero tras ser electo rectificó y aseguró que sólo iría por unos dos millones de indocumentados con antecedentes criminales, y unos cuatro millones de extranjeros que entraron con visa y se quedaron más tiempo del autorizado por las autoridades de inmigración.

El 25 de enero, sin embargo, cuando firmó las órdenes ejecutivas relacionadas con el muro en la frontera y las ciudades santuario, el mandatario decretó que la inmigración indocumentada era una amenaza a la seguridad nacional y pública.

También ordenó aumentar las detenciones de inmigrantes no autorizados y acelerar las deportaciones.

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